Los representantes de las 70 Cáritas Diocesanas
de la Confederación Cáritas Española, reunidos en la 70ª Asamblea General
celebrada en El Escorial del 28 al 30 de junio de 2013, manifestamos
públicamente nuestra profunda preocupación y rechazo ante las dramáticas
situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que afectan a
millones de personas.
Cáritas está acompañando a diario situaciones
desesperadas y desesperanzadoras, cada una de las cuales tienen detrás vida,
rostro y nombre concretos: miles de caras y miles de vidas de quienes son
víctimas de modelo injusto que, bajo el argumento de la racionalización del
gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer el bien común al
beneficio individual.
Creemos que la pobreza es evitable siempre,
también en tiempos de crisis. Este es el objetivo de nuestro trabajo en cada
uno de los ámbitos territoriales de Cáritas, donde, en el seno mismo de la
Iglesia y de las comunidades cristianas, trabajamos cada día por la justicia.
Como recuerda el Papa Francisco, “la deuda
social exige la realización de la justicia social. Juntas, nos interpelan a
todos los actores sociales, en particular al Estado, a la dirigencia política,
al capital financiero, los empresarios, agropecuarios o industriales, sindicatos,
las Iglesias y demás organizaciones sociales”.
Denunciamos, por ello, la adopción de decisiones
políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora mismo, el
sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la realidad
cotidiana de nuestra acción y los informes que hemos elaborado y presentado
públicamente. Esta falta de horizontes y perspectivas podría tener unas
consecuencias muy negativas para el futuro de la sociedad española, incluso a
corto plazo.
Las personas empobrecidas no son responsables de
una crisis económica que las castiga con tanta intensidad. No queremos
resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso
en el reconocimiento y disfrute de los derechos humanos. Tampoco aceptamos un
proceso de fractura social legitimado por una desigualdad creciente.
En el último año hemos asistido a un importante
número de reformas legislativas que, lejos de avanzar en la solución a la
crisis, han supuesto una pérdida de derechos sociales inherentes a la dignidad
de la persona. Algunos ejemplos de ese retroceso afectan a la vivienda,
sosteniéndola como un bien de inversión antes que como un derecho; a la salud,
transformándola en una mera contraprestación y excluyendo a los migrantes en
situación irregular; al acceso a la justicia, imponiendo tasas judiciales; o al
trabajo, con medidas que no estimulan la contratación y sí, en cambio,
perjudican el empleo, como muestran los datos de la última Encuesta de
Población Activa.
Las reformas legislativas pendientes de
aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada
reforma de la Administración local, que, bajo los criterios de racionalización
y sostenibilidad, supondrá alejar de las personas servicios tan esenciales como
la salud, la educación o los servicios sociales. De producirse, estaríamos
asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de intervención
basados en la emergencia y en el asistencialismo, que ya hemos conocido en
otras épocas y que fracasaron.
Otros ejemplos similares son las reformas
relacionadas con el sistema de justicia, en especial, las que afectan al Código
Penal y al Código Procesal Penal, que, de mantener su redacción actual, daría
lugar a situaciones injustas, como, por ejemplo, la sanción a quienes acojan a
personas inmigradas en situación irregular, y la de la justicia gratuita, que
supondría dejar fuera del sistema de protección a una parte importante de la
población.
Junto a ello, la prioridad económica que se
marca en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 añade un motivo más de
preocupación, al consagrar la reducción del gasto para garantizar,
supuestamente, el principio de estabilidad, pero sin que se aborden con igual
intensidad la aplicación de unas adecuadas políticas fiscales redistributivas,
la lucha contra la evasión fiscal o la tasa para las transacciones financieras.
De igual forma, mostramos nuestra honda
preocupación ante el drástico recorte de la Ayuda Oficinal al Desarrollo (AOD)
en España, que pone en peligro el sistema de cooperación internacional y nos
aleja del objetivo de lograr un cambio cualitativo global y de mejorar la
atención a las personas y sus derechos, ya vivan en nuestro país o en regiones
empobrecidas.
Este conjunto de decisiones tienen un importante
impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha
contra la pobreza y la exclusión. Y lo que debería entenderse como una
inversión social y el estímulo de una política de prevención por parte del
Estado, garante de derechos, se reduce drásticamente y pone en riesgo la
cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día
mayor entre las capas más ricas y las más pobres de nuestra sociedad siga
creciendo.
“Nos acostumbramos a levantarnos cada día –ha
dicho Francisco-- como si no pudiera ser de otra manera, nos acostumbramos a la
violencia como algo infaltable en las noticias, nos acostumbramos al paisaje
natural de la pobreza y de la miseria caminando por las calles de nuestra
ciudad”.
Nosotros, desde la unidad y la realidad
compartida cada día en Cáritas con los últimos y no atendidos que llaman a
nuestras puertas, queremos decir que no nos acostumbramos a la violencia de la
pobreza, de la desigualdad y de la injusticia. Es más, llamamos a la
responsabilidad personal y comunitaria para asumir un papel cada vez más activo
y participativo en los procesos de transformación social, desde un estilo de
vida basado en la austeridad y la sencillez evangélicas, como inspiración de
una sociedad más acogedora, fraterna y accesible.
Desde esta convicción, los participantes en esta
70ª Asamblea de Cáritas trasladamos a todos un mensaje de esperanza y una
propuesta renovada de compromiso, de trabajo y de consenso social para
construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno acceso a los
derechos de los más vulnerables, que sitúe a las personas empobrecidas en el
centro de la toma de decisiones y que asuma como principios éticos de gobierno
la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por encima del beneficio
económico y el provecho de unos pocos.
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