El calvario de Lal Bibi empezó el pasado 17 mayo cuando un grupo de policías se acercó a la jaima en la que vivía con sus padres a las afueras de Kunduz y, sin mediar palabra, se la llevaron secuestrada. El jefe la entregó a un hombre, luego identificado como Khudai Dad, que la encadenó a la pared y la violó y golpeó durante cinco días, según ha dejado constancia un informe médico. Al parecer, el maltratador estaba vengando una afrenta al honor que le hizo un primo lejano de la joven, que no está claro si pidió a una de sus hijas en matrimonio y no tuvo dinero para la dote, o trató de escaparse con ella.
Lal Bibi es la menor de una familia de kuchis, pastunes seminómadas dedicados al pastoreo y que se encuentran por toda la geografía de Afganistán. Con uno de los índices de analfabetismo más altos del país, los kuchis, cerca de tres millones, siguen el código de conducta pastún, el pastunwali. Según esa ley no escrita, una mujer que ha tenido una relación fuera del matrimonio (incluso por la fuerza) queda deshonrada y debe suicidarse para evitar que la mancha se extienda a su familia. De no hacerlo, compete a su padre o hermanos acabar con su vida.
Sin embargo, cuando volvió a casa tras ser liberada por el violador, sus familiares la llevaron al hospital de Kunduz y presentaron una denuncia en la oficina del gobernador. Luego, ante la lentitud del proceso, decidieron trasladarse a la capital en busca de ayuda para que se castigue a los culpables, sin lo cual no ven otra salida que la muerte de la muchacha.
Lo sorprendente en el caso de esta joven afgana de 18 años es que su familia se ha puesto de su parte y está pidiendo justicia para no verse obligada a asesinarla como exigen las costumbres tribales que rigen la vida de los afganos más humildes.
Sin duda se trata de un caso sin precedentes, que contradice la extendida convicción de que los afganos están satisfechos con las extemporáneas normas tribales por las que se rige su vida fuera de las ciudades. Este suceso apoya a quienes defienden que es la ausencia de un sistema judicial justo, barato y accesible lo que lleva a la mayoría a recurrir a la mediación tribal o los jueces talibanes. La Justicia afgana adolece de medios humanos y materiales; sus escasos empleados carecen de suficiente preparación y a menudo se dejan influir por presiones de políticos o milicianos, cuando no son directamente corruptos.
La violación de Lal Bibi y otras tropelías contra mujeres afganas conocidas en las últimas semanas han llevado a Michelle Bachelet, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, a pedir que se ponga fin a esos abusos. “Esta brutalidad es intolerable y ONU Mujeres insta al Gobierno afgano a tomar medidas urgentes para responder a estos crímenes, llevando a los culpables ante la justicia; y a poner fin a una cultura de impunidad y crear una cultura de tolerancia cero para la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas”, declara en un comunicado.
ANGELES ESPINOSA
Información del El Pais; leer más en :http://internacional.elpais.com/internacional/2012/07/25/actualidad/1343231974_114731.html
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