Desde Amnistía Internacional nos
llega la llamada a actuar ante esta
injusta situación.
Los
últimos desalojos forzosos llevados a cabo el pasado 17 de julio en Madrid, no
han hecho más que incrementar la ya dramática situación de las 300 personas,
70 de ellas menores, que siguen permaneciendo en el poblado de Puerta de
Hierro ante la falta de un alojamiento alternativo adecuado.
El caso de Shakira G. N. de 6 años ilustra el grado de desprotección al que han sido expuestas estas familias.
El caso de Shakira G. N. de 6 años ilustra el grado de desprotección al que han sido expuestas estas familias.
Shakira
vivió el desalojo forzoso de la vivienda de sus abuelos el pasado 17 de julio.
No era el primero que sufría. El 19 de enero de 2011, la casa en la que residía
con sus padres y hermanos fue demolida, según versión de los pobladores, por
una orden judicial dirigida contra una tercera persona.
Los
funcionarios del Ayuntamiento de Madrid junto con un operativo policial
se personaron en la vivienda a las 4:30 de la mañana, sin dar tiempo a la
familia a retirar sus enseres, ni siquiera la ropa, zapatos y juguetes de los
niños. Ante la falta de alojamiento alternativo adecuado, la familia se refugió
en la casa de los abuelos que fue también demolida el 17 de julio. Ahora se
encuentran nuevamente sin hogar.
Los desalojos tienen consecuencias devastadoras para las personas. A causa del
primer derribo, Shakira comenzó a padecer de ansiedad y nerviosismo, al igual
que muchos menores que han sufrido desalojos forzosos.
Recientemente se le ha diagnosticado un tumor cerebral de pronóstico muy grave.
El hecho de no contar con una vivienda expone a esta niña a dormir a la
intemperie o en una furgoneta, mientras está siendo sometida a pruebas médicas
y recibiendo tratamiento.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha
reiterado a España que los desalojos deben respetar los estándares
internacionales de derechos humanos.
El
Ayuntamiento de Madrid no los ha respetado. Las familias no han recibido
información, ni han sido consultadas. A la mayoría de ellas se les niega un
realojo y el ofrecido a unas pocas no cumple con las normas internacionales de
vivienda adecuada, ya que ha separado a familias. Así, personas mayores y
dependientes se verían expuestas a no contar con sus familiares de apoyo.
Ante la gravedad de los hechos, Amnistía Internacional se ha puesto en
contacto con las autoridades. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido una
respuesta satisfactoria.
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