Noticia de JANO.es · 30 Agosto 2012 13:10
Aunque la mayoría son médicos de atención primaria (72% del total de
inscritos), también se han registrado 58 internistas, 56 psiquiatras, 31
pediatras y 21 ginecólogos y obstetras.
Un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, la mayoría
médicos de atención primaria, han mostrado su intención de recurrir a la
objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o 'sin
papeles' a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del
Ministerio de Sanidad por la que los miembros de este colectivo pierden su
derecho a tarjeta sanitaria.
Así se desprende de los datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.
De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de atención primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.
Por comunidades, Madrid es la región con más profesionales sanitarios contrarios a la medida del Ministerio de Sanidad, 378, uno de cada cinco de todos los inscritos en el registro de semFYC.
A esta comunidad le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).
Por provincias, también Madrid lidera el ranking, duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).
Así se desprende de los datos hechos públicos por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), que el pasado mes de julio puso en marcha un registro nacional para que los facultativos de este colectivo mostraran su rechazo a esta medida, aunque posteriormente lo abrieron a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.
De hecho, aunque el grueso de los objetores son médicos de atención primaria (72% del total de los profesionales inscritos), también se han registrado 86 profesionales de enfermería, 58 internistas, 56 psiquiatras, 31 pediatras, y 21 ginecólogos y obstetras.
Por comunidades, Madrid es la región con más profesionales sanitarios contrarios a la medida del Ministerio de Sanidad, 378, uno de cada cinco de todos los inscritos en el registro de semFYC.
A esta comunidad le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52) Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).
Por provincias, también Madrid lidera el ranking, duplicando en número de objetores a Barcelona, con 175, la segunda por delante de Zaragoza (117), Valencia (111), Baleares (91) y Pontevedra (69).
Demanda de un paquete básico
Llama la atención la presencia de objetores en Andalucía o País Vasco, a pesar de que los Gobiernos autonómicos de estas comunidades han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.
En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por Ana Mato es "contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".
Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integraría la atención primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, la atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
Llama la atención la presencia de objetores en Andalucía o País Vasco, a pesar de que los Gobiernos autonómicos de estas comunidades han mostrado su intención de no aplicar la medida y permitir la asistencia a los inmigrantes.
En todos los casos, los profesionales registrados entienden que la medida impulsada por Ana Mato es "contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".
Además, el presidente de semFYC, Josep Basora, ha reclamado al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo que integraría la atención primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, la atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud).
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